SOBREVIVIR A UN FEMICIDIO
En la última década, la violencia de género, los femicidios y los femicidios frustrados han ido en aumento en Chile. A su vez, la ley chilena que define el delito de femicidio ha ido evolucionando y modificándose para ampliar el concepto más allá de las relaciones de pareja formales o informales. El femicidio es el asesinato de una mujer a manos de quien es o ha sido su cónyuge o pareja o con quien tiene hijos en común. También es el asesinato de una mujer en razón de su género, cuando, por ejemplo, la víctima se ha negado a tener una relación sexual o sentimental con su agresor; a consecuencia de haber sido o ser trabajadora sexual; cuando existe violación previa al delito; cuando el asesinato es motivado por la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima, o cuando se compruebe cualquier situación donde se evidencie la subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación.
En promedio, entre los años 2013 y 2020, 43 mujeres son víctimas de femicidio anualmente. Los números al hablar de femicidios frustrados tienden al alza: de los 78 registrados en 2013, en 2020 llegaron a 151. Según datos del registro de femicidios consumados y no consumados que mantiene el Sernameg, al 23 de noviembre de 2021, en Chile se registran 35 femicidios consumados y 144 femicidios frustrados. Durante 2020, se contabilizaron 151, la cifra más alta en los últimos ocho años. En medio de la pandemia, el número de femicidios frustrados aumentó un 38% respecto de 2019, año en que se registraron 109 casos.
El cierre prácticamente total de los espacios públicos, impuesto por las largas cuarentenas producto del Covid19 durante 2020 y parte de 2021, relegó a las mujeres y sus familias al espacio doméstico. La crisis sanitaria, económica y social que enfrenta Chile desde octubre de 2019 ha convertido los hogares en espacios reducidos, hacinados, precarizados y muchas veces violentos. Esta modificación del espacio doméstico en sus dinámicas, funcionamientos y límites posibles –o imposibles– de la privacidad, trajo notables, aunque más bien invisibles, consecuencias para las mujeres, para quienes convivir con sus agresores las 24 horas del día se tornó una pesadilla sin escapatoria, demasiadas veces mortal.
Las crisis, en sus diversas formas, repercuten más en las mujeres que los hombres, puesto que agudizan las inequidades preexistentes. La pandemia del Covid19 afectó en las mujeres de diversas formas: feminizando la pobreza, por las altas cifras de desempleo de mujeres que debieron salir del espacio laboral; una violencia intrafamiliar y contra las mujeres que se agrava en contextos de confinamiento, donde deben convivir con su agresor, además de sobrecarga del trabajo remunerado y del no remunerado, aumentando las horas que las mujeres deben dedicar al cuidado de familiares, enfermos o hijos, sumado a las tareas domésticas.
En un contexto de pandemia como la que enfrentamos, con los servicios públicos, especialmente los hospitalarios, saturados, la protección a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por parte del Estado quedó relegada a algunas acciones emitidas desde el Sernameg. Estas medidas, implementadas en el marco del Plan de Contingencia por Coronavirus del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, no significaron un aumento de presupuesto especial sino reajustes presupuestarios, incluyeron reforzar la atención vía telefónica de orientación (fono 1455); habilitar canales de comunicación silenciosa, como WhatsApp, chat web y redes sociales, y la denominada “Mascarilla 19”, que basada en la experiencia española y argentina, definió protocolos de actuación cuando las mujeres entregaban el código en las farmacias. Sin embargo, el Informe sobre situación de los derechos humanos en Chile en el contexto de pandemia, el Observatorio Ciudadano, medios de prensa y organizaciones de mujeres, reportaron que al acudir a diversas farmacias solicitando la Mascarilla 19, no se habría activado la orientación y denuncia prevista en el protocolo.
También desde la institucionalidad, se elaboraron medidas tendientes a asegurar la continuidad de la atención en los Centros de la mujer, los Centros de Violencia Sexual y de las Casas de Acogida, sobre todo en casos de violencia extrema. Por su parte, la Fiscalía Nacional habilitó un formulario online para la presentación de denuncias.
Según cifras recabadas por el Observatorio Ciudadano, durante el periodo de crisis sanitaria los llamados al 1455 subieron en un 200%. Por ejemplo, entre abril y junio de 2019 el número 1455 recibió más de 13 mil llamados, mientras en el mismo periodo en 2020 la cifra ascendió a casi 41 mil llamadas.
Las llamadas al Fono Familia de Carabineros aumentaron un 119% entre marzo y abril. De ellos, la mitad correspondería a casos de violencia intrafamiliar. La dificultad de realizar llamadas o denuncias en contexto de pandemia y confinamiento explica que hayan disminuido en un 20% entre marzo y abril y un 40% durante la primera quincena de abril 2020.
Pese a que durante la emergencia sanitaria los tribunales de justicia restringieron en gran medida su funcionamiento, en el período se procuró resguardar a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar para que las denuncias por estas materias fueran priorizadas.
Según datos del registro de femicidios consumados y no consumados que mantiene el Sernameg, al 23 de noviembre de 2021, en Chile se registran 35 femicidios consumados y 144 femicidios frustrados. Durante 2020, se contabilizaron 151, la cifra más alta en los últimos ocho años. En medio de la pandemia, el número de femicidios frustrados aumentó un 38% respecto de 2019, año en que se registraron 109 casos.
El estudio Dinámicas al interior del hogar durante la pandemia, elaborado por la Corporación Miles y el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) durante 2020, arrojó que el principal tipo de violencia ejercida durante la pandemia fue psicológica o emocional. Un 88% de las encuestadas aseguraron haberla sufrido: descalificaciones, humillaciones y malos tratos fueron las principales formas de agresión, seguidas de la violencia económica y por expresión de género, es decir, humillaciones recibidas por la forma de comportarse, vestir o expresar su identidad.
Según el mismo estudio, casi todas las personas que contestaron la encuesta han vivido alguna situación de violencia durante la crisis sanitaria (97%), principalmente de índole psicológica y emocional. De ellas, la mayoría fluctúa entre los 19 y los 29 años. El 28% de las personas que viven en la Región Metropolitana reconoce haber vivido alguna situación de violencia durante la pandemia: la mayoría de ellas viven en el sector suburbano, como Talagante, Peñaflor, Lampa, Curacaví, Padre Hurtado, Pirque, Paine, Buin, Calera de Tango, Melipilla, Isla de Maipo, El Monte y San José de Maipo.
Las encuestadas en el estudio de Miles y CEM, aseguran que los servicios telefónicos y canales de comunicación online del Sernameg son los menos usados para realizar denuncias. Los más conocidos corresponden a los números telefónicos de Carabineros. Al preguntarles a las encuestadas dónde buscarían en primer lugar apoyo/orientación en caso de vivir alguna situación de violencia, el 79% señala que acudiría a sus redes personales.
“Es relevante visibilizar que un número muy bajo de personas (1%) acudiría en primer lugar a Carabineros o utilizaría los servicios de orientación dispuestos por el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género y Servicio Nacional de la Mujer y los números telefónicos de la policía; aún cuando estos últimos son los que las personas más conocen”, indican los resultados del estudio.
El Tercer Informe sobre Derechos, Salud Sexual Reproductiva y Violencia de Género en Chile, publicado en abril de 2021 por Miles Chile indica que, del total de personas que contestaron la encuesta, un 15% declaró haber experimentado alguna situación que puso en compromiso su integridad física. Solo el 21% de ellas solicitó ayuda. Y un 20% de quienes experimentaron violencia psicológica lo hizo, mientras las personas que menos activaron sus redes son aquellas que padecen violencia sexual y económica.